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Hace unos días hemos hecho público en nuestra Arquidiócesis la puesta en funcionamiento de un sistema de recepción de informes – de ninguna manera “denuncias penales “, en el sentido que le dan las leyes estatales – respecto de posibles abusos sexuales, de poder y de conciencia, cometidos por miembros de las diferentes estructuras de la Iglesia.
Su implementación responde a lo dispuesto por el Papa Francisco de establecer un sistema estable y de fácil acceso al público para disponer de un lugar de encuentro y escucha, así como un número telefónico de contacto, y elaborar un informe a fin de remitirlo a la autoridad competente.
De ningún modo sustituye al ámbito de competencia de la autoridad estatal, sino que tiene como finalidad adoptar las decisiones administrativas y disciplinares dentro de su propio ámbito de actuación.
Por lo demás, y como lo indican las disposiciones de la Santa Sede, la Iglesia, en cuanto a las posibles consecuencias jurídicas, se atiene y asume lo que decida la justicia de nuestro País, que es la única competente para ese fin y a la que se debe acudir.
La Iglesia actúa dentro de su jurisdicción, en el marco que le reconoce la Constitución Nacional y provincial, el Acuerdo que rige entre la Santa Sede y el Estado argentino, y las demás leyes.
La Iglesia reafirma su compromiso de velar para que en su seno se respire un clima de acogida, respeto y cuidado de las personas, con especial atención a los niños y vulnerables
Rosario, jueves 9 de julio de 2020.
Mons. Emilio J. Cardarelli - Vicario General del Arzobispado de Rosario
Mons. Eduardo Eliseo Martín - Arzobispado de Rosario